Aceite de cannabis ¿sí o no?

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El gobernador electo Rodolfo Suárez lanzó recientemente la idea de que la Provincia incursione en el cultivo de cannabis y la producción de aceite para uso medicinal. Según explicó, “es una industria con mucho potencial. La idea es que, si viene un inversor y quiere cultivar en 100 hectáreas, se asocie con el Estado y se cobren regalías por el aceite”.

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Según afirman especialistas médicos, el mencionado óleo sirve para tratar patologías como la epilepsia, la fibromialgia y el cáncer, entre otras. De hecho, esta semana el capitalino hospital Garrahan informó los resultados del primer estudio científico en Latinoamérica sobre la efectividad de este aceite en niños y niñas con epilepsia refractaria, concluyendo que “el 80% de los pacientes tuvo una respuesta positiva con reducción significativa en el número de crisis”.

El cambio de paradigma respecto a la evaluación social y médica del cannabis no ha estado exento de polémicas puesto que muchos aún relacionan el tema directa y exclusivamente con el consumo recreativo de la marihuana y su ilegalidad formal. Además, las autoridades políticas y judiciales suelen no coincidir respecto al tópico, ya que mientras las primeras –como evidenció Suárez- impulsan la producción y el consumo del aceite, las segundas continúan aplicando sanciones penales (que determina la ley) a quienes cultivan las plantas o comercializan el producto, por caso. Como muchas veces ocurre, la interpretación y aplicación de la ley suelen deparar acciones oficiales contradictorias.

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Lo que parece cierto es que el gobernador electo observa en esta agroindustria una posibilidad de ampliar la matriz productiva provincial con beneficios económicos que en épocas de crisis como ésta son difíciles de rechazar.

Las opiniones personales parecen perder peso ante la evidencia objetiva de la ciencia. La salud y el bienestar de las personas enfermas deberían estar por encima de cualquier otra consideración y, ante ello, las voces de las autoridades deberían tener un mensaje inequívoco para la población, todo ello en el marco de un plexo normativo lógico, coherente y justo.

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