Esta semana, un juez cuestionó si algunos municipios de California deberían ser demandantes en su intento por bloquear la entrega de cannabis.
El fallo del jueves en la Corte Superior de California impidió el inicio de un juicio muy esperado hasta noviembre.
En 2019, el condado de Santa Cruz y otras dos docenas de municipios demandaron a la Oficina de Control de Cannabis (BCC) del estado para bloquear los servicios de entrega que operan dentro de sus fronteras. Los demandantes argumentaron que si bien las nuevas reglas permitían la entrega de cannabis comercial a direcciones físicas en cualquier parte del estado, esas reglas entran en conflicto con la ley estatal que permite la entrega de cannabis solo si dichas operaciones cumplen con la ley local.
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Argumentan que la concesión de BCC de entrega en todo el estado viola sus derechos “para regular o prohibir completamente las entregas de cannabis comercial dentro de sus jurisdicciones”, según la denuncia. El código de California, dicen, ya garantiza a las jurisdicciones locales esa capacidad.
Las reglas de BCC entraron en vigencia en 2019, especificando que la entrega está permitida en cualquier jurisdicción del estado. Esas regulaciones siguieron la promulgación de la Ley de Regulación y Seguridad del Cannabis Medicinal y para Adultos (MAUCRSA) de 2017 por parte de la legislatura estatal. MAUCRSA, una estructura reguladora única para MED y REC en California, otorga a BCC autoridad para establecer reglas consistentes con la propuesta 64 de la iniciativa de votación REC, que los votantes aprobaron en 2016.
“La Propuesta 64 prometió a los votantes el control local”, afirman los demandantes en un informe de junio de 2020, señalando la guía oficial de información para votantes. Los votantes aprobaron REC “en base a esa garantía de control local continuo y responsabilidad local”.