Cuesta arriba la bancarización del cannabis

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Lograr que la industria del cannabis medicinal en la Isla pueda operar a través de transacciones bancarias, parece estar muy lejos, al menos hasta que las leyes federales no lo excluyan de la lista de sustancias ilegales.

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“El problema sigue siendo que el cannabis es una sustancia controlada. Aunque se permite en casi 40 jurisdicciones de Estados Unidos con un estricto marco reglamentario y el Gobierno Federal tiende a no interferir”, explicó George Joyner, comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

El sistema financiero local se rige por las leyes federales y hasta que el cannabis deje de considerarse como un narcótico, se seguirá utilizando el dinero en efectivo para tramitar las transacciones de pago en los dispensarios de cannabis medicinal en la Isla. Esto imposibilita la visibilidad total de las transacciones de venta y la tributación en el Departamento de Hacienda.

“Ya sacamos una reglamentación para las instituciones financieras y las cooperativas, pero el reto es el acceso. Puerto Rico utiliza la reserva federal de New York para las transferencias electrónicas y a diferencia de otras regiones, esta es la más conservadora. Ha sido renuente en permitir que se use el sistema bancario para mover el dinero proveniente del cannabis. Hay una directriz federal”, añadió Joyner.

Sobre este tema, la licenciada Zoime Álvarez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, resaltó que la banca local debe cumplir con las leyes federales y que la posesión y distribución de esta sustancia sigue siendo ilegal.

Controlled Substances Act» de 2012, expone que el uso y posesión de la marihuana es un delito federal clasificación #1, ya que se entiende que existe riesgo de abuso y no se considera aceptable usarla bajo supervisión médica. Según la legislación federal, la prescripción para usar cannabis medicinal está prohibida, aunque no es prioridad para el Departamento de Justicia Federal.

“La Ley criminaliza todo tipo de servicio bancario que tiene un gran riesgo de ser acusado de lavado de dinero. Pueden allanar los negocios e instituciones financieras. Por otro lado, nos preocupa muchísimo la seguridad al no permitirse la bancarización de este negocio y la banca está solicitando que se atienda este problema de manera rápida. Ya es hora de que el Congreso tome acción y provea claridad legal de cómo el banco debe operar este tipo negocio”, expresó.

La falta de seguridad en las transacciones de dinero en efectivo y la carencia de un panorama claro para operar económicamente este tipo de empresa, es la mayor preocupación del sector económico del país.

“Hay un problema contributivo y las guías de Fin Cen no crean una protección para que no seamos acusados por alguna autoridad federal, ni dice cómo vamos a protegernos de los clientes, suplidores, empleados y arrendadores que tengan este tipo de comercio. Estamos enviando cartas al Congreso para que este asunto se atienda con urgencia”, abundó Álvarez.

Por su parte, Teresita Santiago, presidenta del Comité Cannabis Medicinal y Cáñamo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), añadió que aparte del grave problema de seguridad en las transacciones en efectivo, Puerto Rico debe atender asuntos tan importantes como si las empresas deben permitir o no que sus empleados utilicen el cannabis medicinal.

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“No hemos evolucionado, no se ha atendido la parte laboral que es muy importante. Los dueños de negocios preparan nómina y planillas de seguro social en efectivo, deben pagar todo “cash”. Hay una ley que dice que no debes tener en tu casa más de $10,000 en efectivo y Hacienda no está preparada para recibir estas grandes sumas de dinero. Los dueños de negocio están arriesgando sus vidas. Hay un tranque en las personas con poder decisional. No se pueden poner primero las creencias, sino lo que es mejor para la industria”, comentó Santiago. 

El artículo 90 del Reglamento del Departamento de Salud de Puerto Rico, dispone que no autoriza a pacientes a consumir el cannabis medicinal en su lugar de trabajo, a menos que el patrono lo autorice.

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