España | lucha por la regulación como tratamiento medicinal

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Pacientes, consumidores lúdicos y empresarios miran con grandes esperanzas al nuevo Gobierno para que regule el cannabis, como mínimo para usos medicinales e idealmente de manera integral en la madre patria.

lucha por la regulación como tratamiento medicinal

La sociedad civil con beneficios en la regulación observa la situación con una mezcla de expectativas y prudencia. «Sí, el Gobierno es a priori más propicio, pero el cannabis no es un tema importante para ellos. Además, el PSOE siempre ha sido conservador a la hora de plantear cuestiones polémicas. Necesitamos un detonante que ponga el debate sobre la mesa», explica un activista con un razonamiento que comparten casi todos en el sector.

Casi todas las fuentes consultadas están convencidas de que la regulación es más una cuestión de tiempo que de incertidumbre. También es cierto que esto se repite como un mantra desde hace unos cuatro o cinco años y nada ha cambiado. Pero el activista cannábico tiene memoria selectiva y prefiere mirar hacia delante, al parecer. Las dudas, de cara al futuro, pasan por el tipo de regulación que se va a acometer.

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¿Optará España por una regulación estilo uruguaya, más centrada en el consumidor y que permite el autocultivo y democratiza la producción de cannabis? ¿Optarán los legisladores por favorecer a las empresas y poner en sus manos la plantación de marihuana? Esa es la batalla que se libra estos días, entre reuniones de los diferentes lobbies con los partidos y propuestas de regulación variadas.

Optimismo entre la población  

Los optimistas tienen motivos para serlo. Nunca ha habido en España un Gobierno más social y proclive al tema que el actual, al menos en teoría. La mayoría que invistió a Sánchez es a priori proclive a la regulación. Dos de los mayores obstáculos políticos para la regulación, la exministra de Sanidad del PSOE María Luisa Carcedo y el portavoz de la materia Jesús María Sánchez, ambos reticentes a la regulación, están fuera de la ecuación.

También pueden contar los partidarios de la regulación con el apoyo social, al menos en parte. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó en una encuesta reciente por el sentir de la ciudadanía al respecto. Las conclusiones se comentan solas: el 84% de las personas encuestadas se mostraron favorables a una regulación medicinal y los que aprobarían la integral (47%) superan a los que mantendrían la prohibición (41%).

Más todavía: aunque a él personalmente se le achaca un cierto conservadurismo, el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, pertenece al PSC, un partido que votó a favor de la ley que regulaba los clubes sociales de consumidores (CSC) en Catalunya. «Además, no viene del mundo sanitario sino del económico», dice de él Bernardo Soriano, abogado y lobista pro regulación a través de la plataforma Regulación Responsable.

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