Uruguay aumentará producción de marihuana cinco años después de su legalización

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Los ojos de todo el mundo se fijaron en Uruguay cuando hace cinco años este país de apenas 3,3 millones de habitantes se convertía en el primero en regular la producción, distribución y venta de cannabis, desafiando así a la tradicional política prohibicionista contra esta droga.

Uruguay aumentará producción de marihuana cinco años  después de su legalización

Ninguna nación había puesto en marcha antes un proyecto tan ambicioso como el de Uruguay y pese a las dificultades, el Gobierno se muestra «satisfecho» con los avances en la implementación de la ley y asegura que la norma ha permitido arrebatar 10 millones de dólares al narcotráfico en el último año y medio.

«Hemos sido el primer país en aplicar una normativa de este tipo a escala nacional. Hemos desarrollado una normativa no con perspectivas de libre mercado, sino de garantizar la salud pública, que implica mayores controles a los que existían en algunos estados de EEUU», explica al diario.es Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay. La ley que regula el mercado de la marihuana permite el autocultivo con hasta seis plantas por hogar y un máximo de 480 gramos al año por cosecha, así como los clubes cannábicos, que pueden tener hasta un máximo de 99 plantas. También habilita su venta en farmacias, donde se puede adquirir en envases de cinco gramos por 220 pesos (algo más de 6 euros) y hasta un máximo de 40 gramos por mes.

Es precisamente la venta en farmacias, habilitada desde julio de 2017, la pieza clave y más polémica de la norma. De hecho, nada refleja mejor la diversidad de público que consume marihuana legal en el país como las colas que se forman frente a los establecimientos que la dispensan. «Me registré porque este sistema te permite comprar pequeñas cantidades a un precio barato», explica Rodrigo Acosta, uno de los más de 155.000 consumidores de cannabis en el país –entre frecuentes y esporádicos– que han decidido dar la espalda al mercado ilegal mediante este vía.

Sin embargo, el problema de las farmacias es que no disponen de suficiente producto para cubrir toda la demanda, lo que corrobora este montevideano de 30 años: «Si no vas pronto a hacer la fila el día habilitado para ello, te quedás sin marihuana». Acosta también explica que la hierba en estos establecimientos «pega menos», pues las dos variedades que venden, indica y sativa, tienen solo un 7% de THC (tetrahidrocannabinol), nivel considerado como medio-bajo.

Esa escasez de producto se debe a que solo dos empresas producen marihuana con fines recreativos para venderla en las farmacias y esta es la vía a la que recurren más usuarios, la que está robando más clientes al narcotráfico. Del total de 41.995 personas registradas para acceder al mercado legal, casi 32.000 compran la hierba en alguna de las 17 farmacias adheridas al proyecto –de un total de 1.000 en todo el país–, 7.000 son cultivadores y los 3.000 restantes pertenecen a alguno de los 110 clubes canábicos que existen.

Con el objetivo de consolidar el sistema de venta a través de la red de farmacias, el Gobierno uruguayo ha anunciado recientemente que en febrero abrirá una licitación para que hasta cinco empresas se sumen a la producción y distribución de cannabis psicoactivo no medicinal. «Queremos aumentar la cantidad de puntos de venta para tener una adecuada cobertura territorial, ya que hoy hay algunas regiones del país sin punto de venta. Queremos un abastecimiento del producto más fluido», indicó a este medio Olivera. Esas empresas deberán producir 2.000 kilos de cannabis por año en terrenos provistos por el Estado.

Veto de los bancos

Otra de las dificultades que ha enfrentado la venta de marihuana en farmacias es la negativa de los bancos a trabajar con empresas que estén relacionadas con la producción y comercialización de cannabis porque se exponen a fuertes sanciones en el exterior. Las objeciones provenían del sistema financiero estadounidense, pero en los últimos meses, asegura Olivera, se ha producido un cambio.

«Ante la negativa de los bancos, algunas de las farmacias decidieron prescindir de una cuenta bancaria para funcionar en efectivo, pero también vemos que a nivel internacional en el último tiempo hubo un cambio, en el sentido de que hay países como Canadá que ya han implementado una normativa de este tipo», o México, donde el nuevo Gobierno ha presentado una ley que regula el mercado de la marihuana con el objetivo de aprobarla en 2019, aclaró el funcionario.

Además, el pasado mes de febrero el secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, manifestó su interés en permitir que los bancos de su país puedan tener cuentas de negocios vinculadas a la marihuana, por lo que «si bien aún no hay un canal claro y fluido, los bancos parecen estar cambiando de actitud progresivamente», añadió Olivera.

Cannabis medicinal y cáñamo industrial

En febrero de 2015, el Gobierno uruguayo autorizó la producción de cannabis para uso científico y medicinal y la de cáñamo industrial, lo que se ha transformado en una «gran oportunidad de desarrollo» para el país, explica Olivera. «En este último año hemos recibido 100 millones de dólares de inversión relacionado con la industria medicinal y el cáñamo industrial y se han creado 500 puestos de trabajo directos», asegura, y aclara que se trata de un sector que requiere de mano de obra cualificada como químicos farmacéuticos, médicos, investigadores o ingenieros agrónomos, pues es una industria con un fuerte componente de innovación.

Sin embargo, la criminóloga Clara Musto asegura que el cannabis medicinal en Uruguay «no aporta muchas opciones» a quienes lo utilizan con fines terapéuticos, pues en las farmacias solo existen productos como aceite y crema y son caros. «Eso está generando que haya un mercado no regulado de aceites de cannabis; el estado uruguayo no ha terminado de involucrar a esa gente», lamenta Musto, investigadora sobre el tema.

Otro de los «debes» del Estado uruguayo, apunta Musto, es que la ley que regula el mercado de la marihuana obligaba a Uruguay a crear una unidad de monitoreo y evaluación para controlar el proceso y «no está funcionando, no tiene recursos».

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